Colaboración público privada.

Hace muchos años, nada menos que en 1966, leí que el Alcalde de Indianápolis, Mr. Goldsmith tenía un grave problema. El organismo municipal que gestionaba las recolocaciones de los desempleados no funcionaba. Animado por un espíritu social decidió instar a empresas sin ánimo de lucro a realizar el trabajo. Tampoco funcionó. Por último, mediante concurso público, adjudicó la función a una empresa mercantil: American Works. La empresa cobraba por cada parado recolocado más de seis meses. Funcionó. El Ayuntamiento de la ciudad de las carreras de coches, además, vio cómo las ayudas que dedicaba a los desempleados bajaban y los ingresos por los impuestos cobrados a los nuevos trabajadores aumentaban. Con ello, además de la función social había conseguido: que American Works ganase un buen dinero y crease unos puestos de trabajo estables; que los desempleados disminuyeran y que el presupuesto de ayudas se auto equilibrase. Un negocio para todos. Eso fue en los años noventa.

 

Han tenido que pasar muchos años para que experiencias de este tipo calasen en la filosofía de los expertos en el mercado privados y los gestores políticos. Hace tan sólo unos años el Gobierno español aprobó una estrategia laboral en la que la promovió las Agencia de Colocación privada, unas sin ánimo de lucro y otras bajo parámetros de enriquecimiento empresarial.

 

Es por ello que me parece un gran acierto que el profesor Menéndez saque a la luz este intenso y controvertido tema que ha dado para muchos titulares y que estoy convencido lo hará en los próximos años.

 

Una colaboración público-privada posee las siguientes ventajas:

 

Más eficacia, cómo alcanzar más logros para más personas. El cambio de modelo nos obliga a lograr una mejoría sensible de los indicadores de eficacia del sistema.

Más eficiencia en tiempos de austeridad y de ajustes fiscales. Un mercado competitivo permitirá reducir los costes unitarios, vincular el gasto a los resultados y en consecuencia, conseguir más logros con menos recursos. En Australia, por ejemplo, cuando se estableció el sistema de colaboración público-privada “Job Networking”, se logró reducir el coste unitario de cada colocación, lo que permitió una reducción del presupuesto de empleo del 59% en términos reales (Gratadour et Mansuy, 2007).

Más flexibilidad. Un marco adecuado de colaboración público-privada, permitirá ampliar o reducir el volumen del dispositivo global de atención a los ciudadanos según las necesidades del mercado, superando la rigidez de la función pública.

Menos burocracia y más agilidad en la prestación de servicios a los demandantes.

Como observará el lector de este post, a mi modo de ver y según mi experiencia en estos casos y en determinadas materias, soy claro defensor de la colaboración entre el ámbito público  y el privado pero bajo algunos postulados iniciales, esto es:

·         Todo proceso de contratación pública ha de estar basado en la más estricta legalidad y bajo parámetros de competencia, experiencia, capacidad y mérito.

·         Además, y aunque esta materia esté en tramitación parlamentaria, toda colaboración público-privada debe de regirse por parámetros de transparencia, eliminando de este modo cualquier tipo de malversación pública, prevaricación o tráfico de influencias.

·         Y por otro lado creo necesario que las exigencia legales a la AAPP se les exijan también a las empresas privadas contratadas por la misma, de modo que en cualquier momento se pueda abrir un proceso de rendición de cuentas público y abierto.

Sin lugar a dudas estamos tratando un tema muy controvertido y en el que los posicionamientos ideológicos de la AAPP en concreto hará que se avance más o menos en esta materia.

 

Jose L. Sahuquillo

@jsahuquillo